Colas interminables, horas de demora y una erogación elevada son postales que se repiten cada año en Provincia de Buenos Aires a la hora de tramitar la nueva oblea de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La escena, claro está, se torna más complicada aún en época de vacaciones, como ocurrió en enero de este año.  

Esta suerte de peregrinación provoca mal humor e incomprensión a los usuarios de automóviles particulares de más de dos años de antigüedad que intentan cumplir la normativa y controlar el estado mecánico y la emisión de gases contaminantes de su rodado. A pesar del dolor de cabeza que implica el trámite, todos siguen adelante porque no hacer la VTV conlleva el riesgo latente de una multa de hasta 63.000 pesos.

“Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí”, dice un refrán que calza como anillo al dedo al destrato al que son sometidos los conductores. Para comprender los motivos, basta un poco de historia y números:

La Provincia está dividida en once zonas, en la que operan ocho empresas privadas bajo el sistema de concesión con pago de canon al Estado bonaerense. Tiene actualmente 45 plantas de VTV. Una cantidad exigua si se consideran las 135 comunas que componen este territorio.

El sistema de concesión se estableció mediante el Decreto N° 4103, en 1995, por un plazo de 20 años. Durante ese tiempo las empresas debieron pagar un canon de la facturación bruta al Estado de acuerdo a la zona en la que se encontraban (ya sea de alta o baja densidad).

Los diagnósticos en las plantas comenzaron algunos años después de la firma del contrato en 1996. De igual forma, ya sea al momento de la entrada en vigor del contrato o del comienzo formal del servicio, el plazo de dos décadas de concesión está finalizado.

A partir  de la caducidad, el gobierno de María Eugenia Vidal decidió en febrero de 2019 prorrogar el servicio por un año a determinadas zonas. El artículo 44 del Decreto N° 4103, que funcionó para justificar la decisión, define que puede ampliarse la vigencia por un año de común acuerdo con el concesionario en caso de que no exista un nuevo oferente.

Ahora bien, ¿cómo podrían aparecer nuevos actores sociales, nacionales, capaces de inaugurar nuevas plantas más cercanas y con un servicio más económico, si esa posibilidad está vedada a partir de extensiones indefinidas?  

Actualmente el 80 por ciento de la recaudación de la verificación técnica queda en manos extranjeras. Los precios que se manejan para la VTV en Provincia este año son los siguientes: $332.63 para motos; si el vehículo pesa 2.500kg cuesta $ 1.108.78; si supera eso pueden pagar hasta $ 1.995.

Según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), la flota vehicular circulante a finales de 2019 fue de 14.301.524 vehículos. La provincia de Buenos Aires concentra el 37,7% del total, lo que equivale a 5.391.675 vehículos.

Exceptuando las motos con menos de un año de antigüedad, los autos particulares con menos de dos, los vehículos de transporte de mercaderías con exención de un año y los de personas, con seis meses, todos los demás rodados quedarían afectados al cobro de la verificación, a la que consideramos de suma importancia para la seguridad vial del país.

Contemplando 3,6 millones de autos, el número equivalía a 110 millones de dólares (ahora una cifra algo menor a partir de la reciente devaluación). En medio de una crisis económica sin precedentes en la historia de la Argentina esos dividendos quedan en menos de empresas europeas como el Grupo Opus, de Suecia; SGS, de capitales suizos y el grupo español Applus.    

Para intentar contrarrestar esta situación el por entonces diputado provincial del Frente Renovador, Ricardo Elissalde, presentó un proyecto que apuntaba a “evitar grandes distancias y largas esperas. El usuario del vehículo verificará en una planta autorizada y en su misma ciudad a un costo menor”.

“Con esta iniciativa estamos poniendo fin al actual sistema monopólico, exclusivo y excluyente que elimina los plazos de concesión y fomenta la creación de un sistema abierto, dando la posibilidad de que el usuario elija en forma libre dónde obtener el servicio de verificación”, opinaba Lissalde, actualmente al frente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias.  

La propuesta que impulsó a mediados de 2017 pretendía acercar el servicio a la ciudadanía, posibilitar el ingreso de nuevos prestadores que quisieran invertir en forma privada en la infraestructura edilicia, equipamiento técnico y recursos humanos que cumplieran con los requisitos exigidos por el Ente Regulador de la Verificación Técnica Vehicular, bajar los costos de la verificación, mejorar el nivel de cobertura territorial hasta lograr una planta verificador por distrito y potenciar el reacondicionamiento de los talleres.  

Conscientes de la situación imperante, desde CVA se invitó a los municipios a que abrieran sus propias plantas de VTV en busca de mayor cercanía y comodidad para sus ciudadanos y para que el dinero del contribuyente pudiera usarse para reinvertirse en obras y servicios. La respuesta del Ente Regulador de la VTV fue tajante: una carta documento con fecha del 7 de noviembre de 2018 con apercibimiento de iniciar acciones legales a partir de “publicaciones engañosas” en relación al vencimiento del Decreto 4103/95.   

Control Vehicular Argentino es una empresa nacional fabricante de equipos para el diagnóstico automotriz y VTV con 25 de trayectoria y presencia en 27 países. Cuenta con cuatros Certificados de Conformidad de Aptitud Técnica del INTI, tres Patentes de Invención INPI y la certificación ISO 9001:2015 otorgada por Bureau Veritas. A estos pergaminos se suma la Ley de Compre Argentino N°27.437 que permite que actores privados – como podrían ser los municipios – pudieran adquirir equipamiento para desarrollar sus plantas con un siete por ciento de ventaja en el costo final del equipo fabricado en el país.

Todo está dado para consumar este gran paso que permita mejoras en el servicio y más trabajo para talleres de reparación, automotrices, gomerías y fabricante de autopartes a partir del crecimiento de la VTV. Dejar de tropezar con la misma piedra y usarla para construir nuevos caminos es uno de los grandes desafíos que tienen los gobernantes de la Provincia de Buenos Aires.